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Revista digital
Reforma Constitucional de 1994
15.04.2015

VALDÉS: “Los porteños no somos secesionistas. Nos exigimos tener una visión federal”

Debates a 20 años: LA CONSTITUYENTE DE 1994 Y LA AUTONOMÍA PORTEÑA | El convencional porteño Eduardo Valdés, defendió enfáticamente en la Convención Nacional Constituyente de 1994 la Autonomía Porteña con una institucionalidad lo más amplia posible para contar con un gobierno con las suficientes atribuciones que le permitan resolver los problemas de la Ciudad de Buenos Aires.
Las siguientes son sus palabras durante la sesión del 1ro de agosto de 1994:
Señor Presidente: Sin lugar a dudas la reforma de la Constitución Nacional es una cuestión trascendente para todos los habitantes de la República.
Sin embargo, para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires –mi ciudad– esta Convención adquiere una importancia especial y muy particular, porque se va a definir el nuevo status institucional que venimos reclamando desde hace tiempo.
Es evidente que al abordar la cuestión de la Ciudad de Buenos Aires, en un primer momento surge la idea de hacerlo desde lo particular, así como las provincias formulan planteos referidos a aquella tomándola en su carácter de Capital Federal –que nadie discute– de todos los argentinos. Otro reclamo podría hacerse desde el punto de vista sectorial de los vecinos de Buenos Aires, solicitando la autonomía plena de la Capital. Pero al considerar este tema en forma meditada nos induce claramente a advertir que esta problemática nos exige tener una visión federal.
Un simple repaso de los últimos años de la vida institucional de la Ciudad de Buenos Aires muestra a las claras la insuficiencia e ineficacia del actual modelo jurídico-institucional que actualmente rige. La insatisfacción de los vecinos de Buenos Aires excede con creces el marco de la buenas o malas gestiones municipales, y están reclamando un nuevo orden para su ciudad.
Si consideramos a la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de su status constitucional concluiremos que se trata de un distrito federal, pero si lo hacemos tomando como base el volumen de su población, el tipo de servicios que presta, su capacidad de recaudar impuestos o su presencia en la distribución de la coparticipación federal, bien podría decirse que se asemeja a una provincia. Finalmente, si tomamos en cuenta su capacidad para recaudar tasas y algunos de los servicios que presta, encontraremos funciones estrictamente municipales. 
De lo expuesto se deduce que en la actualidad la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra institucional y funcionalmente montada en distintos niveles jurisdiccionales, dando como resultado un modelo híbrido que torna más dificultoso aún el cumplimiento de sus funciones esenciales, tales como: planificar estratégicamente la formulación de políticas públicas, articular los intereses sociales, realizar un efectivo control de gestión y prestar los servicios básicos a la población.
Llegados a la instancia presente, en la que debemos discutir y decidir sobre qué status jurídico otorgamos a la Ciudad de Buenos Aires, debemos advertir la diferencia que existe entre Buenos Aires-Capital Federal y Buenos Aires-Ciudad de Buenos Aires, es decir, la ciudad que es la capital de todos los argentinos y, la otra, que es la casa de tres millones de argentinos y el trabajo, hospital, comedor, y escuela de otros seis millones.
Es evidente que Buenos Aires-Capital Federal interesa a la Nación en su conjunto, y así debe seguir siéndolo. Por ello, una ley del Congreso debe garantizar los intereses del Estado Nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto sea capital de la Nación. Pero estamos convencidos de que la Buenos Aires-Ciudad de Buenos Aires debe tener –necesita– un status de autonomía, porque su modelo institucional actual –que condiciona y limita sus capacidades– recibe las demandas de más de nueve millones de habitantes, pero no cuenta con las funciones y capacidades de gobierno necesarias para darles una respuesta.
Decía Hamilton en El Federalista: “Un gobierno debe contener en sí todos los poderes necesarios para la plena realización de los fines que se someten a su cuidado y para desempeñar cumplidamente los encargos de que es responsable, con libertad de cualquier restricción que no sea el acatamiento del bien público y los deseos del pueblo”.
Existe consenso unánime respecto de la legitimidad del deseo de los vecinos de Buenos Aires de tener una administración más eficaz y eficiente de la ciudad. Ello incluye la elección de su jefe de gobierno en forma directa. Así lo entendimos los bloques de los partidos mayoritarios al establecer que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Ahora bien, ¿qué es la autonomía?. La autonomía puede definirse como la facultad de un ente de darse sus propias instituciones dentro del marco de sujeción jurídica natural que lo obliga en relación con otro ente de grado superior. Esta potestad de organizarse institucional y jurídicamente conlleva la posibilidad de darse sus propias normas de gobierno y de administrarse.
Por primera vez en nuestra historia, la Cons-titución Nacional reconocerá esta facultad al pueblo de Buenos Aires. 
El estatuto organizativo que habrá de dictarse reflejará fielmente la voluntad de los vecinos de Buenos Aires de contar con los instrumentos necesarios para administrar eficazmente su ciudad.
Creemos que la reforma que proponemos es una muestra de la madurez que los argentinos debemos exigir de nuestro federalismo, que no debe entenderse como la simple sumatoria de percepciones locales –y por ende parciales– de la realidad sino como un concepto integrador, conciliador de las distintas visiones que cada uno posee de las cuestiones de la República. 
Señalo ante esta Convención que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no pretendemos la independencia, no somos secesionistas. Estamos orgullosos de que nuestra ciudad sea la capital de la Nación, un centro cultural, económico y político que es orgullo de todos los argentinos. No queremos perder esa condición; para nosotros es un honor que las autoridades nacionales residan en nuestra ciudad. Simplemente pretendemos contar con un gobierno que tenga las suficientes atribuciones para resolver nuestros problemas. Por ello buscamos la autonomía.
Estamos convencidos de que, más allá de los beneficios que la autonomía deparará a los vecinos de Buenos Aires, ella contribuirá a lograr una más correcta atención de los asuntos propios de una ciudad capital, cuestiones que son –sin lugar a dudas– de todos los argentinos.●