JUSTICIA 2020: UNA POLÍTICA DE ESTADO

Justicia 2020 es una visión de la justicia del futuro: una que está cerca de las personas que más la necesitan y en la que los habitantes puedan confiar para responder a sus problemas. 

La justicia es un instrumento fundamental para garantizar el bienestar y el desarrollo de todas las personas. Su papel es esencial en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico,  el apoyo a las víctimas del delito y la solución de conflictos familiares y económicos. 

Justicia 2020 tiene en cuenta la necesidad de incorporar el aspecto social en la administración de justicia e incluye medidas relacionadas con la prevención del delito, el acceso a la justicia, la inclusión de las minorías y las poblaciones vulnerables, para construir un enfoque inclusivo e integral. 

Todos los habitantes de la Argentina tienen derecho a vivir en paz y el Estado es el que debe garantizarlo. Aunque la justicia no es el único actor en la lucha contra la inseguridad, en conjunto con otros organismos contribuye al fortalecimiento de la seguridad humana. 

La meta de Justicia 2020 es la cercanía a la gente, la modernidad, la independencia y la transparencia. Es la visión de un sistema de justicia que está cerca de las personas que más la   necesitan,   que   garantiza   soluciones   rápidas,   confiables   e   imparciales,   y   que   es responsable por sus actos ante la sociedad.

El objetivo es lograr una transformación integral de las instituciones, a través de un proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas. Los proyectos surgirán del trabajo especializado de referentes del ámbito de la justicia, profesionales, ONG, expertos, legisladores, jueces y todos los que deseen aportar en la construcción de un mejor servicio público. 

Justicia 2020 busca mejorar la gestión y provocar un cambio de la cultura de trabajo que garantice una labor transparente frente a la comunidad.

Las  tres  metas:  cercanía  a  la  gente,  modernidad,  independencia  y  transparencia  son objetivos a largo plazo y no implican que las transformaciones se hagan de manera inmediata, aunque orientarán todo el trabajo en materia de justicia en los próximos años. 

En esta visión de un sistema de justicia eficiente, accesible y confiable, el rol del Ministerio de  Justicia  y Derechos Humanos  es el de actuar  como  dinamizador de propuestas  en materia de justicia en todo el país y promotor de las reformas en los distintos poderes judiciales.

JUSTICIA CERCANA 

Justicia 2020 está orientada a la comunidad con el objetivo de ofrecer respuestas funcionales, eficientes y rápidas a sus necesidades. 

El acceso a la justicia es un derecho básico y fundamental de todas las personas. Se dará prioridad a las poblaciones vulnerables y a las zonas postergadas, poniendo énfasis en la justicia inmediata y creando nuevos centros para el acceso a ésta en todo el país. 

Incorporar la utilización de tecnologías abre nuevas posibilidades para el  acceso web e intercambio de información entre las personas y la justicia en todo el territorio, mejora la comunicación  con  la  ciudadanía  y  facilita  el  conocimiento  y  la  comprensión  de  la información jurídica. 

El servicio de justicia debe funcionar los 365 días del año, en horarios amplios y cómodos para la población. 

Justicia 2020 se orienta fuertemente a la atención y protección de víctimas del delito. Se refuerzan los mecanismos existentes para brindarles asistencia jurídica, psicológica y social, y se generan nuevos programas de alcance nacional para apoyar a las poblaciones vulnerables, las víctimas de violencia de género y de trata de personas. También se le da a la víctima mayor participación en los procesos judiciales, para que su opinión sea tenida en cuenta por los jueces. 

La utilización creciente de soluciones tempranas y métodos alternativos de resolución de conflictos, especialmente en la justicia civil, ayuda a lograr acuerdos construidos por las partes que satisfagan las necesidades de los involucrados, ahorrando los recursos económicos y el tiempo que requiere una sentencia judicial tradicional. 

Las reformas procesales potencian el acceso a la justicia. Los juicios orales transforman el sistema lento e ineficiente en uno más ágil, sencillo y accesible para la gente. El vocabulario judicial de los procesos escritos, anticuado y complejo, se transforma en uno comprensible para el público en el sistema oral. 

Los Derechos Humanos se convierten en un punto de encuentro para el desarrollo social y una herramienta de solución de conflictos. Se incorpora un enfoque construido en base al respeto  de  la  diversidad  y  el diálogo para fomentar  la convivencia pacífica,  recogido  y sistematizado en un plan nacional integral. 

Se promueve la adopción de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo con los tratados internacionales de los que la Argentina es parte activa y comprometida. Se otorgan las garantías necesarias de continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y de profundización de derechos para los sectores vulnerables de la población. 

Justicia 2020 genera políticas de prevención contra la violencia institucional y establece estándares para las fuerzas de seguridad en esta materia. Fomenta la creación de mecanismos para la contención en situaciones de catástrofe y emergencias, y establece mecanismos de acción rápida al detectar situaciones que afecten los Derechos Humanos. 

Se propone un cambio de enfoque respecto a los pueblos originarios y la construcción de una política de Estado activa y presente que los incorpore a la comunidad como verdaderos sujetos de derecho. La relación con ellos no debe basarse en el asistencialismo, sino que se debe tener en cuenta el respeto a sus costumbres y a la propiedad comunitaria de la tierra, que son derechos especialmente recogidos por la Constitución y otras normas nacionales e internacionales. 

Trabajar de manera intensiva en el aspecto social da cuenta de otro factor importante: la justicia no sólo existe en los juzgados y las sentencias, sino que debe ser promotora de una mejora permanente para la calidad de vida de la gente.

JUSTICIA MODERNA 

La demanda al sistema de justicia ha crecido progresivamente en nuestro país, pero las estructuras de los órganos judiciales se han mantenido inalteradas. Desde hace 200 años, los juzgados construyen expedientes escritos y difíciles de comprender, olvidándose que detrás existe un conflicto entre personas que reclama una rápida solución. 

Es necesario instalar un nuevo modelo organizacional que brinde respuestas en los tiempos y las formas que la ciudadanía exige. 

Justicia 2020 promueve organizaciones modernas y eficaces que brinden respuestas rápidas y de calidad a los problemas. Fomenta la adopción de mejores prácticas en lo que se refiere a modelos y procedimientos para asegurar la calidad y mejora continua. 

Se incorporan nuevas tecnologías para modernizar los procesos antiguos y satisfacer las necesidades de la población en forma ágil y eficiente. 

Justicia 2020 promueve el uso del legajo digital y su gestión electrónica, lo que permite despapelizar a la Justicia argentina, agilizar los trámites y facilitar el acceso remoto a las fuentes de información. 

La incorporación de tecnología también dará dinamismo a las investigaciones criminales orientadas a desbaratar las redes de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y trata de personas, que son un problema crítico para la sociedad. 

Los procesos judiciales argentinos se caracterizan por ser escritos y lentos; la oralización masiva generará un cambio decisivo. La reforma procesal civil y la puesta en marcha de la reforma procesal penal incorporarán audiencias públicas y transparentes para resolver los conflictos y dar respuestas satisfactorias a la comunidad. 

La gestión de los registros públicos nacionales es parte esencial de la prestación de un servicio de calidad.

Se generan nuevas formas de acceso rápido a través de medios electrónicos, con mecanismos que mejoran el acceso y la transparencia de los trámites, a fin de brindar mayor seguridad jurídica a todos los usuarios. 

JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE 

Justicia 2020 propone una administración de justicia independiente y transparente, para la cual es necesario asegurar la autonomía de los jueces, fiscales y defensores, que deben poder realizar sus tareas sin presiones políticas ni de otro tipo. 

Para garantizar soluciones efectivas a la población, los actores deben tener roles claros y definidos institucionalmente para limitar potenciales excesos de poder. 

El Consejo de la Magistratura debe respetar el equilibrio de las fuerzas políticas y la representación técnica de jueces, abogados y académicos establecido en la Constitución, a fin de evitar que los procesos de designación y remoción de jueces se politicen. 

Justicia 2020 promueve la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.

El acceso  a  la  información  pública  dependiente  de  los  poderes  judiciales  y  los  distintos registros bajo la órbita del Ministerio y otras jurisdicciones permite controlar la gestión de los funcionarios públicos y su rendición de cuentas. 

En materia de gobierno abierto, Justicia 2020 impulsa estadísticas transparentes del sistema de justicia que permitan tomar decisiones de política judicial con sustento técnico, propio de un Estado serio y moderno. Se mejoran los mecanismos de recopilación de datos para unificar y consolidar la información de los distintos sistemas judiciales provinciales y nacionales, y hacer comparable la situación de la Argentina con el resto del mundo.

Las estadísticas permitirán elaborar indicadores de la administración de justicia y realizar mejoras estructurales donde se detecten fallas. 

Al abrir las bases de datos al público en general, Justicia 2020 asegura mayor control por parte de los distintos sectores de la sociedad, principalmente por las ONG, la comunidad académica y el periodismo. 

La incorporación de herramientas de coordinación interinstitucional e instrumentos de control en todos los niveles ayudará a garantizar la transparencia de los procesos y de la gestión pública en general. 

La independencia y la transparencia le darán previsibilidad a la justicia, lo que le garantizará a la población que las respuestas que obtenga sean rápidas, satisfactorias y de calidad institucional. 

Las reformas contribuirán a fortalecer la confianza en los principios, normas y procedimientos del Estado.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Tomando  los  valiosos  antecedentes  de  la  Mesa  Permanente  de  Justicia  del  Diálogo Argentino (2002), Justicia 2020 se presenta como un espacio de participación institucional y ciudadana en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas de Estado para el sector justicia. 

Justicia 2020 instala en la agenda pública una serie de temas de reforma orientados al fortalecimiento del sistema de justicia, a fin de brindar respuestas de calidad a las crecientes demandas de la población y transformar a la justicia en un actor relevante y presente en la vida de la comunidad. 

Se abren múltiples espacios de diálogo para debatir los proyectos entre los referentes del ámbito de la justicia, profesionales, ONG, expertos, legisladores y todos los que deseen aportar a esta construcción de un mejor servicio público, con el objetivo de construir los consensos necesarios para la elaboración de políticas de Estado de los próximos años. 

El rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consiste en dinamizar las propuestas en materia de política judicial a nivel nacional, para definir un nuevo diseño institucional que sea transparente, ágil, eficiente y confiable. Se atenderá muy especialmente a la dimensión de integración federal en el proceso de reforma. 

Justicia 2020 se desarrolla a lo largo de los próximos cuatro años y se divide en siete ejes temáticos.

Después del lanzamiento de Justicia 2020 para los representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, los interesados podrán inscribirse a través de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el trabajo en las comisiones. 

Las siete  comisiones, una por cada eje temático, realizarán sus propias  reuniones para debatir y aportar a los proyectos e iniciativas.

LOS SIETE EJES TEMÁTICOS 

Los ejes temáticos, sus objetivos y sus principales iniciativas se encuentran descriptos a continuación:

Eje Institucional 

Objetivos: 

• Garantizar la efectiva independencia de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, asegurando la autarquía funcional y financiera del Poder Judicial. 

• Reforzar la lucha contra la corrupción, impulsando políticas activas en materia de ética pública y transparencia en la gestión, potenciando la capacidad institucional de promover denuncias. 

• Institucionalizar un  sistema  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  para  los poderes judiciales. 

• Jerarquizar y despolitizar los mecanismos de selección, disciplina y remoción de los magistrados, incorporando procesos ágiles y mecanismos de gobierno abierto y transparencia. 

• Avanzar hacia  la  implementación  de  una  carta  de  compromiso  ciudadano  y políticas de Estado en materia de justicia. 

• Fortalecer la  Justicia  Federal  del  interior  del  país  y  los  poderes  judiciales provinciales. 

• Impulsar e intervenir  activamente en el proceso de transferencia de la justicia nacional, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Iniciativas: 

• Proyecto de reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura.
•  Proyecto de ley derogatoria de las Cámaras de Casación en lo Civil, Comercial y  Laboral. 

• Proyecto de reforma de la Ley de Subrogancias. 

• Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. 

• Acuerdo de transferencia marco y reformas legales. 

• Fortalecimiento de Justicia Federal en el interior del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Proyecto de reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 

• Creación del Programa de Justicia Abierta. 

• Creación de un Fondo Compensador Nacional de recursos para asistir a los distintos poderes judiciales del país. 

• Creación de una “Oficina de Calidad Legislativa” junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo. 

• Impulso de un programa de evaluación y seguimiento de las reformas legislativas.

Eje Penal 

Objetivos: 

• Promover la investigación del narcotráfico y del crimen organizado a través de nuevas herramientas procesales y el diseño de una política criminal eficaz. 

• Promover procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que garanticen la sanción de los infractores. 

• Fortalecer  el  respeto  de  los  requerimientos  constitucionales  y  garantizar  el reconocimiento  efectivo  de  los  derechos  de  la  víctima,  la  igualdad  entre  las partes y la realización del juicio oral en lo inmediato. 

• Promover la implementación del sistema acusatorio y la oralidad efectiva en los procesos penales a nivel nacional y provincial. 

• Impulsar la instauración del juicio por jurados a nivel federal y provincial. 

• Impulsar una reforma integral del Servicio Penitenciario Federal que permita la reinserción social de los infractores en un marco de Derechos Humanos. 

Iniciativas: 

• Proyecto de reforma del Código Penal. 

• Proyecto  de  reforma  del   Código   Procesal   Penal  de   la  Nación   y  su   ley  de implementación. 

• Proyecto de reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial de la Nación. 

• Proyecto de Ley de Equipo de Jueces del Crimen Organizado. 

• Transferencia del fuero nacional penal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Proyecto de Ley Penal Juvenil. 

• Proyecto de Ley del Arrepentido. 

• Proyecto de reforma para la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para el delito de soborno transnacional y reforma del Art. 1 y Art. 77 del Código Penal. 

• Proyecto de reforma de la Ley de Protección de Testigos, Denunciantes, Peritos y Víctimas de Actos de Corrupción. 

• Proyecto de Ley de Extinción de Dominio. 

• Difusión y promoción del Programa de Vigilancia Electrónica. 

• Impulso  de  la  generalización  del  juicio  inmediato  para  casos  de  flagrancia  y  el fortalecimiento del control de judicial de la ejecución penal. 

• Proyecto de Ley de Juicio por Jurados. 

• Proyecto de Ley de Policía Judicial. 

• Convenio   sobre   Sistema   Interjurisdiccional   de   Información   sobre   la   Justicia Argentina. 

• Proyecto de Ley de Juicio en Ausencia. 

• Creación de Comisión de Delitos Informáticos. 

• Creación de Red Federal de Política Criminal. 

• Creación Programa de Persecución Penal para Delitos de Autor Ignorado.
•  Inicio de Encuesta Nacional de Victimización y Violencia de Género. 

• Impulso de reformas legales en materia de seguridad vial. 

• Proyecto de reforma de Ley de Ejecución Penal. 

• Diseño  de  una  nueva  función  del  Servicio  Penitenciario  Federal,  dedicado  a  la seguridad externa de las unidades carcelarias, quedando el trabajo interno con los reclusos a cargo de equipos civiles especializados. 

Eje Civil 

Objetivos: 

• Impulsar un nuevo procedimiento civil y comercial basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y transparencia. 

• Impulsar  proyectos  de  justicia  vecinal  o  de  baja  cuantía  a  nivel  federal  y provincial. 

• Fomentar la utilización del arbitraje para cuestiones patrimoniales. 

• Impulsar proyectos de reforma para el fuero federal de la seguridad social y contencioso administrativo, para lograr procesos eficientes y respuestas rápidas y confiables. 

Iniciativas: 

• Apoyo a la implementación del Código Civil y Comercial. 

• Proyecto de Ley de Competencias del Fuero Civil y Comercial. 

• Proyecto de Ley de Código Procesal Civil y Comercial. 

• Difusión de arbitraje para cuestiones patrimoniales. 

• Promoción de la justicia vecinal o de baja cuantía. 

• Transferencia de los fueros nacionales en lo civil, patrimonial y de familia, comercial y del consumidor a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Promoción de la simplificación de juicios de cobro ejecutivo. 

• Observatorio del Código Civil y Comercial. 

• Proyecto de ley de reforma para la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. 

• Proyecto de ley de reforma para la Justicia Federal de la Seguridad Social. 

Eje Acceso a la justicia 

Objetivos: 

• Promover una cobertura territorial amplia y equilibrada de acceso a la justicia en todo el país a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), en  coordinación con los gobiernos locales. 

• Promover  el  fortalecimiento  y  coordinación  de  los  centros  de  asistencia  y asesoramiento  jurídico  gratuito  locales  y  adoptar  protocolos  de  atención  a grupos vulnerables. 

• Fomentar la aplicación eficaz de las salidas tempranas del proceso y los métodos alternativos de solución de controversias, haciendo hincapié en métodos como conciliaciones, mediaciones y arbitrajes. 

Iniciativas: 

• Fortalecimiento  y  modificaciones  estructurales  de  CAJ.  Ampliación  de  cobertura territorial a nivel federal. 

• Promoción de Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y de la mediación penal. 

• Implementación de servicios itinerantes en  los CAJ. 

• Federalización del Programa de Víctimas Contra las Violencias.

• Promoción de un enfoque integral a los conflictos de violencia doméstica.

• Ampliación de la presencia del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata y del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad.

• Implementación de prácticas pro bono en los CAJ. 

• Implementación de la práctica del extensionismo jurídico comunitario.

• Implementación de un plan nacional de comunicación en derechos y acceso a la justicia. 

• Diseño, implementación y expansión de un programa nacional de fortalecimiento de mediación comunitaria e intercultural.

• Elaboración del Programa La Ley y tus Derechos a un click.

Eje Derechos Humanos

Objetivos: 

• Garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios y  grupos en situación de vulnerabilidad, y profundizar políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación.

• Fomentar el diálogo  y la cooperación internacional e intercultural.

• Establecer   mecanismos   de   coparticipación   en   materia   de   obligaciones internacionales. 

• Fomentar el trabajo articulado de todas las provincias en materia de Derechos Humanos.

• Generar  y  consolidar  una  educación  y  formación  ciudadana  en  Derechos Humanos. 

• Establecer mecanismos de acción rápida al detectar situaciones que vulneren, afecten o pongan en riesgo los Derechos Humanos, promover políticas de prevención contra la violencia institucional y establecer estándares para las fuerzas de seguridad en esta materia. 

• Implementar políticas activas de reconocimiento y fortalecimiento de nuevos derechos en la ciudadanía. 

• Establecer mecanismos de monitoreo de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. 

Iniciativas: 

• Implementación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

• Organización del III Foro Mundial de DD.HH. 

• Programa En la Constitución están tus derechos y obligaciones. 

• Inclusión de las demandas de los pueblos originarios en las políticas del Estado. 

• Plan Nacional de Derechos Humanos 

• Promoción de políticas de prevención contra la violencia institucional. 

• Programa de Mediación y Resolución de Conflictos con Perspectiva de DD.HH.
•  Implementación  mecanismos  de  coparticipación  y  corresponsabilidad  entre  la  Nación y las provincias en materia de Derechos Humanos. 

• Creación de una red nacional de profesionales para la contención en situaciones de catástrofe y emergencias. 

• Diseño de reformas para establecer altos estándares en Derechos Humanos en las fuerzas de seguridad. 

• Impulsar  la  sanción  de  la  Ley  Nacional  de  Consulta  Previa  y  Consentimiento Informado. 

• Conformación del Espacio Memoria y DD.HH. como un campus de conocimiento en el cual se articula el trabajo que realizan tanto los organismos nacionales como internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. 

• Promoción  de  la  firma  de  un  pacto  global  de  responsabilidad  en  DD.HH.  en  la Argentina con empresas. 

• Reforma de Ley del Delito de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y con Fines de Explotación Laboral. 

Eje Gestión 

Objetivos: 

• Establecer procesos judiciales más ágiles, priorizando para las causas simples un tratamiento más expeditivo que las diferencie de las más complejas. 

• Promover   el   rediseño   de   estructuras   organizacionales   (juzgados,   fiscalías, defensorías, asesorías, etc.) 

• Impulsar  el  legajo  digital,  la  gestión  electrónica  de  casos  y  la  comunicación electrónica. 

• Transparentar  y  consolidar  las  estadísticas  y  los  indicadores  de  los  sistemas judiciales. 

• Convertir  los  procesos  registrales  en  trámites  rápidos,  sencillos  y  modernos, incorporando la posibilidad de acceder y realizar gestiones completas desde la web. 

• Desarrollar políticas activas en materia de modelos y procedimientos de calidad y mejora continua en diversos aspectos del sistema de justicia. 

Iniciativas: 

• Proyecto de sistema de evaluación y desempeño del Poder Judicial de la Nación. 

• Promoción del legajo digital y gestión electrónica de casos. 

• Impulso de nuevos diseños de oficinas judiciales. 

• Generalización y sistematización de estadísticas e indicadores en materia de justicia a nivel nacional. 

• Incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación en el sistema de justicia. 

• Promoción de la oralidad. 

• Impulso de manuales de gestión y protocolos de actuación. 

• Instauración del Premio Nacional a la Calidad Judicial. 

Eje Justicia y Comunidad 

Objetivos: 

• Fortalecer la relación con la comunidad académica, los colegios profesionales y las  instituciones  de  la  sociedad  civil,  integrándolos  y  transformándolos  en actores del proceso de reforma del sistema de justicia. 

• Promover e impulsar reformas en los programas de estudio de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas. 

• Avanzar en la implementación, modernización y actualización de los códigos de ética profesional y judicial. Fortalecer los mecanismos de control de la ética profesional. 

• Promover la habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía. 

• Mejorar la comunicación con la población. 

Iniciativas: 

• Promoción de reformas a los programas de estudio de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, impulsando la incorporación de litigación oral como materia obligatoria  y la enseñanza a través del método del caso. 

• Impulso de la modificación del régimen de habilitación profesional para el ejercicio de la abogacía. 

• Fomento del establecimiento de cursos de preparación obligatorios, con carácter práctico y alto contenido ético, para acreditar la aptitud profesional. 

• Promoción de la capacitación de profesores de Derecho para hacer frente a los cambios curriculares. 

• Creación   de   un   nuevo   portal   de   comunicación   para   hacer   comprensible   la información jurídica a la sociedad. 

• Publicación de manuales e instructivos de los derechos de la ciudadanía.

* La Agenda Ministerial “Justicia 2020” fue presentada por el Ministro de Justicia Dr. Gemán Garavano en marzo 2016.