EL APOYO A LOS PADRES COMO HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

En los últimos días se ha dado un debate en la sociedad argentina a partir del amplio apoyo que el gobierno nacional ha dado al Policía Luis Chocobar, quién en supuesta defensa del turista norteamericano Frank Joseph Wolek, de 60 años, apuñalado una docena de veces por dos jóvenes que lo robaron, ultimó de dos disparos a uno de éstos de nombre Juan Pablo Kukoc, de escasos 18 años de edad.

Sin perjuicio de las posiciones jurídicas y políticas que cada uno pueda asumir respecto del hecho, la verdad es que resulta lamentable para todos los que han resultado protagonistas del mismo.

En primer lugar, para el Sr. Wolek, que estando de paseo fue injustamente atacado y su vida fue salvada por las milagrosas manos de un médico que trabaja en un hospital público de este lejano país.

El policía Luis Chocobar enfrenta no sólo un proceso penal confirmado por la Cámara de Apelaciones por “exceso en el cumplimiento del deber”, sino además la carga personal de la muerte de un joven de 18 años. Por último para Pablo Kukoc, cuya vida ha sido segada tan prontamente. A ello se suma el dolor de madre, hermanos, parientes, amigos, etc. Un verdadero drama que no encuentra consuelo.

Estas situaciones, en las que vemos a jóvenes en conflicto con la ley penal, nos dan la oportunidad de conocer los problemas de una realidad social determinada en estos tiempos.
Por ello, debemos bucear para poder generar las políticas públicas necesarias y prevenir casos semejantes en el futuro, al tiempo que nos exige tomar distancia y encontrar el origen del problema que tuvo tan terrible desenlace.

Pablo hacía poco que había cumplido 18 años y es un claro ejemplo de fracaso del sistema actual de justicia juvenil y por eso baso en él este ensayo.

Ivonne Kukoc, la mamá del principal damnificado de esta situación, relató en algunas entrevistas (http://www.laizquierdadiario.com/Quien-era-Pablo-Kukoc-la-victima-del-policia-Chocobar) cómo llegó desde un pueblo pequeño de la Provincia de Salta cuando Pablo tenía 12 años. Con 5 hijos y embarazada, debió huir de una situación de maltrato y alcoholismo protagonizada por su pareja, para refugiarse en la casa de su madre en la distante Buenos Aires, y evitar que ella y sus hijos siguieran viviendo situaciones de violencia.

Como el sueño de Pablo era ser futbolista, y tenía talento, se probó en varios equipos y jugó en las inferiores de Huracán, hasta que no pudo lograr la continuidad y vio frustrada su pasión. Ello generó, a ojos de su mamá, el inicio de las “juntas” en la calle, y ya con 16 años, empezó a hacerse más difícil controlarlo, llegaba tarde, alcoholizado y algunas veces drogado, circunstancia que era negada sistemáticamente por el joven.

Un día un policía le golpeó la puerta de la casa para comunicarle que su hijo había entrado al Centro de Admisión y Derivación (ex Inchausti), porque había asaltado a una pareja. Ahí ella pidió ayuda para intentar que lo internen y lo traten por su adicción a las drogas y el alcohol, pero no logró que alguien tomara cartas en el asunto.

Fue bajando los brazos al no lograr un tratamiento, lo cual derivó en un nuevo hecho delictivo y una internación en el instituto San Martín. Lo siguiente de la historia, ya lo sabemos, y ha tenido el peor final.

¿Cómo comenzó esta historia?

La mejor forma de analizar la situación que hemos planteado a partir del caso Chocobar-Kukoc, para tener una mirada con perspectiva, es desandar el camino que llevó a un joven salteño de 12 años que llegó a Buenos Aires con toda la ilusión de jugar profesionalmente al fútbol, para transformarse luego en alguien capaz de apuñalar reiteradamente a un inocente a fin de robarle una cámara de fotos. ¿Dónde, cuándo se dio esa decadencia? ¿Qué se pudo haber hecho para evitar un desbarrancamiento semejante?

La solución aparece en el relato de la mamá, y es la génesis misma del problema. Ivonne Kukoc describe a las “juntas” como el puntapié inicial donde se dio inicio al problema de adicción al alcohol y las sustancias. Cómo fue abandonando la escolarización y aparecieron los primeros hechos delictivos.

La impunidad que Pablo tuvo frente a los primeros pasos delictuales, y la falta de política pública hacia un joven en conflicto con la ley, fue lo que permitió su avance en la actividad ilícita que terminó por costarle la vida.

Muchos de los defensores de los jóvenes que reivindican su inimputabilidad frente a cualquier actividad delictual, y niegan cualquier medida coercitiva a su respecto, no entienden que, a la postre, están ocasionando un mal.

No hay dudas que todos nosotros necesitamos, desde temprana edad, límites claros para poder llevar adelante nuestras vidas con mayor seguridad. Son como las líneas blancas que están pintadas en los bordes de las rutas y que nos ayudan a conducir más relajados de noche.

Los límites son certeza y también son libertad dentro de sus paredes. También implican miedo, que es una parte intrínseca a éstos.

Si un chico a través de su mala conducta está reclamando límites a gritos, pero su familia no cuenta con las herramientas para poder aplicarlos o sostenerlos, o el colegio resulta permisivo a inconductas, ausencias o desinterés, y la justicia, a partir de un acto delictivo, no asume posición al respecto, sin siquiera advertir una conflictiva de uso abusivo de sustancias que está degradando a la persona, estamos alimentando un monstruo que se siente impune e imparable; conductas típicas en la adolescencia potenciadas por las particularidades del caso.

Eso sí, vencida la impunidad por el cumplimiento de la mayoría de edad, todo el sistema de pseudo protección del joven cae por el peso de los años y aparece el impiadoso castigo de la ley, que recae sobre un delincuente que supimos construir, y que ya no goza de la mínima piedad o tolerancia.

Para poder entender el sistema penal juvenil y encontrar las mejores herramientas de prevención, tenemos que ampliar los márgenes de trabajo por encima del límite temporal de edad.

Hay que considerar a los jóvenes más allá de los 18 años y ver qué nos cuenta su derrotero desde los primeros años, para poder entender dónde estuvo la falla y qué podría haber evitado su inclusión en el sistema penal. Cuáles fueron las advertencias previas.

Es claro que un chico que ha tenido causas penales de menor, y luego de mayor continúa con su accionar delictual, es un rotundo fracaso del sistema penal juvenil.

Cada interno que hoy está bajo la égida del sistema carcelario, que tuvo antecedentes de joven y no generaron la menor respuesta del Estado, es un caso que podría haberse evitado a partir de la aplicación de otras políticas públicas que, alejadas del sistema punitivista, se sumerjan en la conflictiva que llevó a un chico aun inimputable, a cometer un delito.

Coincido plenamente en que la edad a partir de la cual los jóvenes son punibles, no puede ser reducida. Primero por la prohibición de no regresividad, y segundo porque no le otorgo el más mínimo valor a la efectividad intrínseca de una sanción penal.

Pese a todos los intentos, justificativos y leyes al respecto, el carácter retributivo de la pena es innegable. Para lo único que sirve el encierro es para castigar.

Nada bueno va a obtener una persona que es privada de su libertad. Solo es una neutralización temporal del riesgo que implica al resto social, y un verdadero castigo más cercano al reflejo condicionado de Pávlov que a un sistema de resocialización.

Por ello la aplicación de una pena es algo que debería ser minimizado al máximo, no solo para los jóvenes sino también para los adultos. Ningún beneficio puede aportar el castigo, pero sí el límite, que difiere del castigo sustancialmente.

El límite que reclamo debe ser aplicado por jueces distintos a los de responsabilidad juvenil, porque debemos cambiar la matriz de la solución, alejarla del sistema punitivista y acercarla a un proceso de familia.

Porque la familia es, sin dudas, la base de la solución de los problemas de un joven. Si hay una familia contenedora, la posibilidad del desarrollo de una personalidad conflictiva se aleja proporcionalmente de la chance de incurrir, al final, en conductas delictivas.

Los más difícil de ser padre es la imposición de los límites, y el Estado debe coadyuvar en auxilio de los padres que no puedan aplicarlos sobre sus hijos.

Como si fuera un sistema paternalista que concurre en auxilio de una familia desesperada que ya no sabe cómo canalizar los problemas de conducta de su hijo adolescente y que reclama una ayuda que rara vez o nunca llega.

Por eso hay madres que tantas veces prefieren que mantengan detenido al joven porque a ella no le hace caso. O que harta del peregrinar por dependencias no quiere perder más de su tiempo en comisarías o juzgados, porque en muchos casos, ese tiempo, se lo debe dedicar a los otros hijos o al esfuerzo para mantenerlos.

Los padres son buenos, pero si se los controla, son mejores.

Para intentar paliar esta crisis el primer espacio que ayuda a asegurar los derechos de la infancia se da en los jardines y escuelas. Son los docentes quiénes deben ser instruidos acerca de los organismos de derivación con que cuentan para poder afrontar inmediatamente los casos de niños y niñas con signos de descuido o maltrato.

También debemos tomar cada inconducta de un niño, niña o adolescente, que se dé en el ámbito público o educativo, como una situación de alarma que merece ser atendida. Es un joven que está pidiendo ayuda en la forma en que le sale. Puede ser un conflicto por la separación de los padres o una situación de abuso, abandono, maltrato, consumo, violencia, etc.

Se deben descartar y aclarar las circunstancias y así definir los casos que merecen atención, seguimiento y tratamiento de los que no requieren mayor intervención.

En primera instancia con la presencia y la entrevista a los padres o encargados, y en segunda instancia, con un trabajo de relevamiento sobre los hogares a los que pertenecen, para evaluar el desempeño de la función parental, el compromiso de éstos en la crianza de sus hijos y las eventuales necesidades que tengan y que haya que atender, derivando el caso al organismo correspondiente.

Debemos despojarnos de cualquier preconcepto y entender que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es algo que compete exclusivamente al Estado, que es el garante de los derechos que privilegian la infancia y que delega en los padres, tutores o encargados, el cuidado de éstos.

Esa licencia debe ser asumida con compromiso, dedicación y diligencia, y tendrá que ser debidamente controladas por los órganos gubernamentales que aseguren el adecuado desarrollo de las personas y la consagración real de sus derechos.

La crianza de un hijo es un trabajo enorme que requiere un gran compromiso, dedicación y paciencia. No todos los padres cuentan con esos atributos, por cuestiones diversas, que pueden ser por la personalidad, la crianza, la propia historia, problemas de pareja, situaciones de adicción, vulnerabilidad social, enfermedades psiquiátricas, etc.

La lista es infinita pero las consecuencias que esas falencias generan en los niños y niñas, se pueden apreciar en los conflictos que tienen cuando van creciendo. Y más aún al alcanzar la mayoría de edad.

Lo importante es advertir cuándo hay personas menores de edad que están sometidas a situaciones de crianza inadecuadas, que están vulnerando sus derechos, y aplicar los dispositivos necesarios para resolverlas de manera inmediata.

Ello puede darse a través de guarderías, jornadas escolares más amplias, actividades extracurriculares, colonias de verano, clubes barriales, colegios internados, etc. Buscar la solución adecuada a cada caso pero priorizando el derecho a su familia de origen sin perder de vista el interés superior del niño en su derecho a criarse en un ambiente saludable.

Se trata de lograr el empoderamiento de los padres brindándoles mecanismos que coadyuven en la crianza y cuidado de los niños supliendo las falencias que ellos puedan tener, otorgándoles las herramientas necesarias para que puedan ir resolviendo sus limitaciones y así buscar la consagración de los intereses de ambos.

Todo esto debería darse a partir de la intervención de Jueces con competencia múltiple, que cuenten con los distintos dispositivos aplicables a cada caso conforme el dictamen de profesionales adecuados, con la debida intervención y contralor de las partes, para asegurar un proceso que garantice los derechos y deberes de los involucrados.

Si logramos establecer un sistema semejante, podremos dar los primeros pasos que realmente lleven al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Argentino a través de los distintos tratados que han sido suscriptos e incumplidos de manera sistemática.

Se han transformado a la fecha en una simple declamación vacía de medidas concretas que efectivamente aseguren los derechos de la infancia, que ha sido abandonada desde hace años por un estado ausente que recién ahora ve, en la sociedad actual, las consecuencias de años de desidia en la protección de las personas más vulnerables y que merecen todo el esfuerzo y dedicación de los órganos gubernamentales, sus funcionario y empleados.

Recién a partir de la verdadera consagración de la infancia vamos a poder alcanzar el futuro que soñamos y que deseamos para las actuales y futuras generaciones.

*Dr. CHRISTIAN FEDERICO BRANDONI NONELL. Abogado, recibido en la UBA. Fue Secretario de Fiscalía Criminal en San Isidro. De 2005/2013 Secretario de Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas. Actualmente es Defensor Oficial del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA. Director de la revista “Justicia Porteña”. Especialista en “Investigación Científica del Delito”. Integra la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la CABA.