CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER
No es habitual que tantas voces se hagan escuchar con claridad y, mucho menos, que las consignas que tomaron las calles resuenen en las mesas familiares, en las charlas entre amigos, en las escuelas y en las universidades.
Desde aquel “Ni una menos” del 2015, las voces de las mujeres en Argentina se oyen cada vez más fuerte.
Fueron nuestras voces las que lograron poner en el centro de la escena pública la violencia contra las mujeres, invitándonos a repensar los estereotipos de género con los que crecimos y las consecuencias de los roles que asignamos a los niños y a las niñas desde pequeños. El modelo patriarcal, que hizo y hace que sigan muriendo mujeres a causa de la violencia de género, está bajo la lupa.
La violencia de género es un problema muy grave que atraviesa a toda la sociedad. El Estado está llamado a asumir un rol protagónico para transformar esta realidad, enfocándose en la prevención de todas las formas de violencia basada en género, pero también atendiendo sus consecuencias.
Al Poder Judicial, en particular, le corresponde implementar estrategias para que el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres en situación de violencia se concrete en el ejercicio real y efectivo de esos derechos. Hay que aclarar aquí que el término mujer debe ser entendido como una categoría inclusiva, que contempla el respeto a la identidad y la expresión de género.
El papel que debe desempeñar el Estado argentino está signado por los compromisos asumidos al suscribir instrumentos internacionales de derechos humanos que exigen la implementación de medidas positivas de política pública para erradicar la violencia hacia las mujeres.
En el plano normativo internacional, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), trazan las directrices que deben guiar la actividad estatal.
A su vez, las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres han emitido diversas resoluciones que contienen recomendaciones y principios en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
A nivel nacional, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales (ley 26.485) -a la que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a través de la Ley 4203-, ofrece una mirada integral que promueve la realización de acciones conjuntas e interdisciplinarias para abordar la problemática.
El derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y discriminación está íntimamente ligado al acceso a la justicia. Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad reconocen que la discriminación que padece la mujer en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia; situación que se agrava cuando además padece alguna otra causa de vulnerabilidad. Y que, es deber de los Estados, implementar mecanismos eficaces para garantizar ese acceso, especialmente en los supuestos de violencia contra la mujer.
Desde el Poder Judicial de la Ciudad asumimos ese desafío con un fuerte compromiso. Durante el año 2018, trabajamos en la elaboración de un dispositivo para canalizar las denuncias penales en casos de violencia de género, que respetara los lineamientos establecidos en las normas mencionadas así como los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia. Al diseñar el modelo de atención se priorizó la implementación de prácticas dirigidas a cualificar el desempeño de la administración de justicia en materia de violencia de género, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el plano internacional.
La Ciudad tenía pendiente la implementación de su Oficina de Violencia Doméstica, para replicar los parámetros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo han hecho otras provincias. El Consejo de la Magistratura Porteño ya había dado los primeros pasos al crear la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica (OMVD).
En este contexto se proyectó generar un espacio donde el Poder Judicial de la Ciudad y los organismos públicos vinculados a la temática pudieran brindar un servicio más ágil y más amplio, a partir de la concentración y la sistematización de los recursos disponibles.
Bajo estas premisas -hacia fines de 2018- abrió sus puertas en el barrio de La Boca el CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER (CJM), en la calle Pedro de Mendoza 2689 de nuestra Ciudad.
El modelo de atención utilizado se nutre de buenas prácticas que generan las condiciones adecuadas para acceder a un mecanismo judicial eficaz y respetuoso de los derechos de las mujeres. Para lograrlo se articulan en simultáneo las herramientas necesarias para transitar ese proceso tan difícil que implica realizar una denuncia por haber sufrido violencia.
No hay que perder de vista que la decisión de realizar una denuncia penal es, primero, un proceso interno de cada persona y, recién luego, un proceso formal. En el inicio de ese proceso formal -que muchas veces comienza con el relato de los hechos ante un funcionario público-, empieza un nuevo recorrido para quien lleva consigo el dolor de lo ocurrido, el desgate emocional que implica recordar una situación traumática y el desconcierto acerca de los pasos a seguir y dónde realizarlos.
El modelo de atención implementado en el CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER se apoya en cuatro pilares fundamentales:
- facilitar el acceso a la justicia,
- reducir la re-victimización,
- articular las medidas de protección adecuadas para el caso y
- cumplir los estándares del Sistema Interamericano de debida diligencia en la investigación de los hechos de violencia contra las mujeres.
Con estos ejes como norte, el CJM se transformó en el primer espacio ideado para abordar los casos de violencia contra las mujeres de manera coordinada entre organismos judiciales y gubernamentales, en un mismo lugar y en una única oportunidad.
ACCESO A LA JUSTICIA
El primer paso consistió en identificar las barreras que dificultan la protección a las víctimas de violencia de género. Advertir que existen barreras sociales y culturales, pero también otras de carácter institucional, geográfico y presupuestario.
Se puso el foco en la capacitación en violencia de género de todos los operadores del CJM. Tanto en la tarea de selección de cada uno de los profesionales, como a través de una capacitación específica brindada por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación.
Para combatir la barrera geográfica, fue una decisión estratégica que el primer Centro de la Justicia de la Mujer no estuviera ubicado en el centro de la Ciudad, junto al resto de los edificios judiciales. Por ese motivo se definió su localización en el barrio de La Boca.
También se tuvo en cuenta que muchas mujeres van a denunciar acompañadas de sus niños. Se construyó un espacio de juego, de recreación y a la vez de contención para los niños. Ese espacio tiene el doble objetivo de ayudar a los niños y las niñas a transitar de la mejor manera posible ese momento tan difícil y de ofrecer a las mamás (o tías, o abuelas) la tranquilidad necesaria para poder contar lo que vivieron sin ser oídas por los pequeños que las acompañan. El edifico también cuenta con un lactario, concebido para brindar un ámbito confortable e íntimo para amamantar.
Para que las mujeres puedan obtener efectivamente toda la información necesaria para continuar su trámite dentro y fuera del CJM, se instaló un gabinete de asesoramiento técnico y patrocino jurídico -equipo de Asesoramiento Jurídico a la Comunidad-, que orienta, asiste, acompaña y, en los casos más graves, patrocina a las denunciantes.
REDUCIR LA RE-VICTIMIZACIÓN
A la hora de recibir el relato de una mujer que fue víctima de violencia, y para reducir todo lo posible el padecimiento que significa revivir un episodio traumático, se articulan en simultáneo y en un mismo espacio físico los diferentes organismos de la Ciudad de Buenos Aires que tienen un rol clave para afrontar esa situación.
Con ello se busca minimizar la re-victimización de las denunciantes, al acotar la necesidad de derivación de un organismo a otro.
ADECUADAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Más allá del curso propio del proceso penal, el dato de la denuncia en sí constituye un indicador de que hay una mujer que está en riesgo.
El CJM cuenta con equipos Interdisciplinarios -conformados en el seno de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica- compuestos por abogados/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales, que son los encargados de evaluar la situación de riesgo que está atravesando la mujer que se acerca a denunciar; y de producir el insumo necesario para que los operadores judiciales procesen el caso atendiendo a su gravedad.
Los datos que surgen de estos informes también son procesados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para elaborar estadísticas.
La evaluación de la situación de riesgo permite tomar una decisión inmediata. Una vez recibido el relato de la persona afectada los profesionales de las áreas de derecho, psicología y trabajo social realizan el Informe de Riesgo en un tiempo estimado de dos horas. Ese informe permite evaluar el riesgo al que está expuesta la persona afectada, en el momento en que realiza el relato.
La celeridad en la producción del Informe de riesgo y la presencia de la Fiscalía garantiza que las medidas de seguridad necesarias sean dispuestas de manera inmediata.
Si ello supone la entrega de un botón de pánico interviene el Ministerio de Justicia y Seguridad directamente desde CJM. También habilita la intervención de la Brigada de la Mujer para la inmediata notificación al imputado de las medidas que se ordenen.
En los casos en que la mujer que se acerque atraviese problemas habitacionales se da intervención a la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa.
Cuando la denuncia tenga como víctimas directas o indirectas a niños, niñas o adolescentes o personas con padecimientos en su salud mental, se contará con la asistencia del Ministerio Público Tutelar, que brinda asesoramiento y promueve los medios necesarios para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano articulará con los programas y servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad para empoderar a las mujeres. A través de la Subsecretaria de Promoción Social gestionará la tramitación prioritaria de subsidios, programas y ayudas económicas cuando sea necesario, y de atención psicológica y psiquiátrica para las mujeres víctimas de violencia. Incluso, en los casos de mayor gravedad, desde el CJM está prevista la tramitación del ingreso a un Refugio.
DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Uno de los objetivos del CJM es lograr que en un único espacio se realice el trámite completo que implica formalizar una denuncia penal en casos de violencia de género.
Un equipo de abogados recibe a la persona que quiere realizar una denuncia y la orienta sobre los pasos a seguir.
La Fiscalía toma la denuncia a través de personal especialmente capacitado en perspectiva de género y se realiza un informe interdisciplinario de riesgo.
El Ministerio Público Fiscal cuenta con la tecnología necesaria para asegurar, en el momento, la evidencia digital que resulte útil.
Si fuera necesario, con el consentimiento de la denunciante, se realiza un examen médico para constatar las lesiones que pudiera presentar, con intervención de la Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la CABA.
El Centro de Justicia de la Mujer trabaja de manera interdisciplinaria de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 20 horas, su teléfono es 40111300. También tiene una guardia telefónica de 24 hs al 080033347225.
Tiene como principal objetivo dar un salto de calidad en la atención, abordaje y derivación en casos de violencia de género: acotar lo desgastante del trámite y lograr una Justicia más cercana y accesible.
Una de las metas del CJM es unificar los esfuerzos que cada organismo realizaba por separado en la Ciudad, para que la respuesta actual sea ágil, efectiva, integral y de mayor calidad. Se trata de mejorar el acceso a justicia a las mujeres víctimas de violencia y de constituirse como herramienta eficaz para quienes integran la magistratura, proveyendo los recursos necesarios para ejercer adecuadamente esa labor.
El Centro de Justicia de la Mujer tiene como desafío consolidar una herramienta para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, una herramienta que ayude a transformar realidades.
