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Revista digital
INFORME
08.06.2018

PRÁCTICAS PARA ORIENTAR EL DIÁLOGO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA PRENSA

Por UNESCO
UNESCO – Discusión, comunicación e información – Cuaderno nº10. “El periodismo es el mayor garante de la libertad (…). Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación”, expresó hace algunos años el reconocido escritor hispano Mario Vargas Llosa.

Desde hace más de tres siglos, la libertad de expresión ha sido considerada uno de los principales pilares de la democracia y una herramienta esencial para el desarrollo, la protección y la promoción de otros derechos humanos. Con el advenimiento de internet y las nuevas tecnologías del conocimiento y la información, se han planteado nuevas oportunidades e interesantes debates, particularmente en lo que refiere al alcance y los límites de este importante derecho. El desarrollo y avance de los medios, la privacidad, el rol de las TIC en las políticas públicas, gobiernos abiertos, la protección documental y los derechos de autor, la alfabetización mediática e informacional, son algunos de los temas que han sido puestos sobre el tapete de debate, tanto a nivel regional como internacional.

 

Mejores prácticas para orientar el diálogo entre el Poder Judicial y la prensa. Guía para jueces y periodistas 

Introducción 

La libertad de expresión y el acceso a la información son derechos fundamentales en sociedades democráticas. Permiten el debate abierto de las ideas y el desarrollo de las personas, contribuyen a transparentar y legitimar el desempeño de las instituciones públicas, a garantizar la participación de la ciudadanía en las actividades políticas y facilitan el ejercicio pleno de otros derechos humanos.

Todos los poderes del Estado tienen obligaciones en relación con la garantía de la libertad de expresión y el acceso a la información 

El sistema judicial es uno de los ejes clave para la protección de los derechos de los ciudadanos en un régimen democrático. Su autonomía e independencia de los otros poderes es una condición para poder cumplir con su misión sin intromisiones ni presiones externas, resguardando el respeto a la ley. Esto no quiere decir que no exista vinculación con otros actores institucionales y sociales. Muy por el contrario, la cooperación y el intercambio con la sociedad civil, mediados o no a través de la prensa, son aspectos muy relevantes para la legitimación de este sistema. 

Los medios de comunicación ejercen un papel central como agentes de la democratización de la información. Se suele decir que el periodismo actúa como un “watchdog” de las instituciones políticas, incluido el Poder Judicial. Es decir que la actividad periodística funciona tanto como dispositivo de vigilancia, como foro y como vía de transmisión de las acciones y opiniones de la vida política. Aunque es preciso considerar que los temas pasibles de vigilancia dependen de los intereses y jerarquías existentes al interior del mapa comunicacional. 

En la relación entre el Poder Judicial y la prensa existen una serie de convenciones y hábitos que han moldeado una cultura de la información jurídica y judicial a lo largo de los años. A menudo, esta cultura genera una serie de tensiones entre ambos actores y, a su vez, con la opinión pública. 

La UNESCO considera en el Código Internacional de Ética Periodística que la información constituye un “bien social”, por lo cual la principal tarea periodística consiste en “servir a la gente en su derecho a la verdad y la información auténtica con una dedicación honesta a la realidad objetiva, de manera que los hechos estén divulgados conscientemente en un contexto apropiado, precisando sus conexiones esenciales y sin causar distorsión”. 

Asimismo, los profesionales tienen la obligación de respetar el “derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa”. 

Surge claramente de los principios y obligaciones que rigen a la prensa y al Poder Judicial que existen objetivos comunes y tensiones que por naturaleza complejizan la relación entre ambos. Las tensiones naturales que marcan la relación entre ambos actores lejos de ser estáticas se renuevan y evolucionan con el paso del tiempo, el advenimiento de nuevas tecnologías, y la evolución cultural propia de cada pueblo. 

La continua evaluación e identificación de áreas problemáticas susceptibles de mejoras y el diseño de mecanismos para la optimización del vínculo entre ambas esferas tienen como objetivo último la promoción y garantía de estos derechos fundamentales. 

Dimensiones problemáticas de la relación y recomendaciones 

Para analizar la relación entre los medios de comunicación y el Poder Judicial en Argentina se recurrió a diversas fuentes de información. Por un lado, se llevó adelante una recopilación y revisión del material existente en la materia. Este ejercicio permitió contextualizar y diagnosticar el estado de la cuestión y la identificación de puntos problemáticos. Por otro lado, se desarrollaron una conferencia y un taller que reunieron a expertos de ambos sectores a fin de intercambiar experiencias, locales y comparadas, y opiniones sobre las prácticas vigentes en la relación prensa-Justicia en el país y la identificación de mejores prácticas. 

A continuación se enumeran algunas de las principales problemáticas en la relación entre Poder Judicial y medios de comunicación agrupadas bajo tres grandes ejes: Necesidades del Poder Judicial y Necesidades de la Prensa; Información Judicial vs. Periodismo Judicial; y Legitimidad del Poder Judicial y Legitimidad de la Prensa.

Algunos de los puntos de tensión son de larga data, mientras otros surgen a raíz de los cambios que se han experimentado a nivel institucional, social y tecnológico. 

El peso y la influencia de estos problemas pueden variar según el momento histórico, la ubicación y las valoraciones individuales. Es por eso que no se trata de un ranking, aunque se procuró identificar las problemáticas de mayor incidencia en el contexto actual de la Argentina.

Bajo cada sección se identifican mejores prácticas y recomendaciones para transparentar la acción judicial, promover más y mejor dialogo entre los principales actores involucrados y en definitiva contribuir a un Poder Judicial más robusto y accesible para las personas.

 

1.-   Necesidades del Poder Judicial vs. Necesidades de la Prensa 

El Poder Judicial y la prensa son actores necesarios en el orden democrático. Uno define la interpretación misma del derecho y el otro difunde y critica lo actuado por el primero. Si bien coinciden en algunos postulados, sus objetivos y necesidades son distintos, y también lo son los principios que los rigen, los tiempos, prioridades, formas, fuentes y modos de trabajo. Sin embargo, los puntos de contacto entre ambos son necesarios, innumerables y deseables y la armonización o por lo menos la comprensión de las complejidades que esto implica puede aportar a una mejor comunicación, más transparencia y menos roces. 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas para el año 2030, el objetivo 16 refiere a la Paz, justicia e instituciones fuertes: “Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible.” 

Demanda de información 

En numerosas oportunidades la prensa recibe presiones para informar acerca de una cuestión judicial y hay ocasiones en que transmite estas presiones a los magistrados, magistradas y funcionarios judiciales. Las nuevas tecnologías de la comunicación son por un lado un canal de difusión innovador y democrático, pero a la vez suman exigencias a la tarea del periodismo al estar disponibles las 24 horas del día, todos los días.  

Los magistrados, en tanto, deben actuar de acuerdo a las normas y procedimientos que muchas veces restringen la posibilidad de brindar información en tiempo real y con los datos requeridos por los medios. La falta de celeridad impacta en la visión de la ciudadanía sobre el Poder Judicial, tal como se señaló desde la prensa durante el taller, y se crea una imagen de “justicia lenta”. Por otra parte, desde el Poder Judicial la demanda constante de información puede percibirse como una amenaza a la independencia. Resulta clave alcanzar un balance entre las demandas y la capacidad de satisfacción de estas. 

Recomendación 

La presión por obtener información debe, en la medida de lo posible, regularse tratando de adecuar los tiempos de publicación con cronogramas pautados de difusión de información judicial, a fin de organizar y sincronizar ambas partes. Esto implica un esfuerzo por parte de la prensa y del Poder Judicial, difundiendo los plazos trascendentes a cubrirse durante el cronograma y respetando el Poder Judicial dichos plazos. Resulta imprescindible, también, tomar los recaudos necesarios para “anonimizar”, mediante la eliminación de nombres y otros datos identificatorios, la información provista.

Además, y como se menciona más adelante, las instancias de formación e intercambio entre jueces y periodistas les permitirá a ambos actores comprender la lógica de trabajo del otro y contribuirá a flexibilizar las demandas y/o restricciones excesivas de las dos partes. 

Juicio paralelo de la prensa y la opinión pública 

Los profesionales de los medios de comunicación juegan un rol clave en la transmisión de información objetiva y confiable que procure evitar el arribo a conclusiones apresuradas acerca de un proceso judicial. Sin embargo, la falta de publicidad judicial, por el otro lado, constituye un riesgo tanto para la percepción pública de la institución como de jueces y juezas, e incluso de las partes en litigio. 

Un signo del desajuste entre las acciones del Poder Judicial y la percepción de la opinión pública sobre estas, es la emergencia de una suerte de “juicios paralelos” llevados a cabo por la prensa y la sociedad civil, particularmente en los casos de mayor notoriedad pública. La ciudadanía construirá sus opiniones a partir de los elementos a su alcance, provistos por la prensa. 

Se ponen en juego dos lógicas contrapuestas, por un lado la lógica judicial y por otro la lógica mediática.

La presión mediática sobre la Justicia ha tenido en algunos casos impactos altamente negativos en la independencia judicial. Así, puede citarse el uso muchas veces abusivo de la prisión preventiva en casos penales como un mecanismo de defensa del juez frente a los reclamos de la prensa y la sociedad. De la misma manera, en casos penales también, sobran precedentes de jueces que han aplicado la excarcelación y cuando los beneficiarios de estas medidas cometen un nuevo delito, se condena socialmente, y algunas veces políticamente también, al juez que no haya tenido un poder “predictivo”. 

Recomendaciones 

Se propone:

  • Instancias de articulación y coordinación entre el sistema judicial y la prensa: este rol debe ser llevado adelante por la oficina de prensa judicial, cuyas tareas serán la de difusión, adecuación de la información, establecimiento de protocolos de comunicación, asesoramiento a los magistrados y enlace con la prensa. En la siguiente sección se desarrolla este punto con mayor extensión.
  • Una mejora en la comunicación del proceso y las decisiones judiciales contribuiría a explicar los motivos y principios que subyacen a las decisiones judiciales. Descorporativizar las decisiones judiciales acercando al juez a los ciudadanos también contribuye a legitimar las decisiones adoptadas.
  • Mayor transparencia y producción de datos propios de gestión del Poder Judicial. La publicación activa de estadísticas y números confiables en torno a la actividad y gestión judicial podría contribuir a la legitimación de su accionar en casos de alto interés público. Se espera que la Justicia resuelva problemas sociales y que “escuche” a la sociedad. La producción de datos en materia de gestión judicial acercaría la gestión judicial a la gente, permitiendo evaluaciones objetivas en torno a la actuación judicial y limitaría la distorsión que la falta de datos muchas veces genera.
  • Promover una cultura de acción proactiva del sistema judicial para instalar temas en la agenda de acuerdo a sus propios criterios de relevancia. Los procesos judiciales son procesos “corales” por así decirlo, en donde hay distintas voces y siempre va a haber una parte no conforme con la resolución. Sin embargo, las decisiones judiciales tienen muchas veces una importancia institucional o interpretativa que debiera poder amplificarse más allá del
  • Además de estas tres recomendaciones específicas conviene destacar el rol de la formación de jueces, juezas y periodistas (a través de instancias de capacitación y encuentro) para fortalecer las competencias en comunicación de los magistrados y de los periodistas en materia judicial.

 

Desconfianza mutua entre jueces y periodistas 

La templanza, la reflexión y la moderación suelen ser características valoradas en el ámbito judicial y se contraponen muchas veces con la inmediatez y la espontaneidad que supone la exposición mediática.

Existe una desconfianza mutua entre periodistas y jueces. Los jueces y juezas y funcionarios judiciales desconocen habitualmente cuál va a ser el uso que hará el periodismo de la información que le brinden.

Dicha desconfianza se ve alimentada por el mal uso del recurso del off the record por parte de algunos representantes del periodismo, lo cual sólo suma un mayor recelo. Este factor muchas veces genera retaceo de información, que a su vez despierta la desconfianza de la prensa. 

Recordemos, además, que la actuación de los magistrados está regida por el principio de imparcialidad y tienen la obligación de proteger información confidencial de la causa. Cualquier tipo de sospecha de violación de estos elementos puede acarrear sanciones para el magistrado, lo cual incita a que el acercamiento del juez a la prensa sea cauto, cuidadoso o hasta tímido. 

Recomendación 

La canalización de las comunicaciones a través de la oficina de prensa ayudaría a resolver este problema de “información imperfecta”, ya que los referentes del área contarán con mayores recursos para adelantar las acciones de la prensa y para habilitar exclusivamente la información que se quiera transmitir. Asimismo, cuando la palabra del juez sea requerida, los expertos en comunicación pueden brindar el asesoramiento necesario para el manejo de los jueces y juezas en situaciones de entrevista. Esto no significa que se haga un “coaching” de los jueces sino que se los prepare para responder por sus propios actos sin afectar los derechos de las partes o los intereses en disputa.

Imposición de la agenda 

La prensa en general impone la agenda mediática a nivel tanto nacional como local. La respuesta del Poder Judicial es generalmente reactiva, circunscribiendo sus intervenciones al ámbito de lo estrictamente demandado. Así, los casos penales atraen más la atención del público y el periodismo se inclina por brindar detalles de este tipo de casos, dejando de lado casos civiles, administrativos, laborales, etc. que irónicamente tienen en las más de las veces, repercusiones mucho más directas en la vida diaria de las personas. Más allá de las causas de corrupción que tienen un tratamiento y una significancia aparte, la competencia por la audiencia al interior de los medios ha llevado a un aumento de una suerte de “sensacionalismo” dentro de la prensa judicial.

Si bien existen distintas teorías en cuanto a que determina la agenda de los medios, sea la demanda social, intereses económicos o políticos, o un mix de ambos, lo cierto es que la falta de una agenda proactiva por parte del Poder Judicial genera autoexclusión del Poder Judicial en la definición y extensión de dicha agenda. 

Recomendación 

Es deseable que el Poder Judicial desarrolle un rol activo que le permita intervenir y participar eficazmente en la definición de la agenda pública en los temas que le conciernen y transmitir a la sociedad aquella información que crean oportuna y relevante, alejada de cualquier interés o sesgo político en su comunicación a la sociedad. Sin menoscabar la publicidad de todos los casos, la Justicia puede asumir un rol proactivo para hacer de conocimiento público casos y procesos de interés social.

Es aquí también importante el papel que juega la oficina de prensa utilizando las plataformas y vías de comunicación disponibles para difundir temáticas judiciales que se valoren como trascendentes ya sea porque son de importancia para la sociedad en general, porque la decisión tiene un impacto sobre la interpretación de la legislación vigente, o porque es un caso de especial interés para cierto grupo social o profesional. 

Existen algunas experiencias desarrolladas sobre todo desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina o incluso desde los Ministerios Públicos (por ejemplo, los casos penales sobre los crímenes de la dictadura) que demuestran que una agenda clara y proactivamente impulsada puede incidir positivamente en la agenda mediática y mejorar el acceso de las personas a la justicia en todos sus sentidos. Los criterios sobre qué temas o casos serán dados a conocer con especial énfasis deberían ser fijados en conjunto por los magistrados (o un comité de representantes) y la oficina de prensa, y atendiendo a la cuestión federal. 

 

2.-   Información judicial vs. Periodismo judicial 

Actualmente hay dos vertientes a través de las cuales el ciudadano accede a la información judicial: la información publicada o difundida por el propio Poder Judicial que hace parte de su política de transparencia y comunicación, y que incluye audiencias públicas, juicios por jurado, difusión de sentencias y comunicados de prensa; y el periodismo judicial que utiliza la información publicada como una de tantas otras fuentes consulta- das para lograr con ello una noticia periodística equilibrada. Sin embargo, tanto para lograr una verdadera política de transparencia como para alimentar un periodismo judicial sano se impone la necesidad de terminar con los resabios del secretismo que caracterizo durante años la gestión judicial. 

Dificultad de acceso a la información judicial 

Secretismo judicial 

Los obstáculos en el acceso a la información judicial frecuentemente se asocian con la cultura del secretismo de los magistrados. La tradición escrita en el proceso judicial contribuyó inmensamente a alimentar dicho secretismo, además de la interpretación amplia y generalizada de las distintas normas procesales que alimentan la confidencialidad. Sin embargo, a partir del cambio de paradigma en materia de acceso a la información pública y transparencia que en general se vive en la región y en Argentina, la legitimidad del Poder Judicial no puede descansar en una suerte de autoridad natural e incondicional, sino que debe “ganársela”. La tradición de hermetismo del Poder Judicial poco a poco se va transformando pero aún encuentra rigideces en su adaptación al escenario actual. El principio de publicidad y la necesidad de transparencia son los impulsores del cambio que requiere de la articulación con los medios de comunicación, cuyo mandato, amparados en el derecho a la libertad de prensa, es el de proveer de información veraz y actualizada a la ciudadanía. 

Recomendación 

El Poder Judicial debe adoptar el nuevo paradigma de acceso y publicidad que la sociedad exige actualmente a los poderes públicos. Este proceso, que ya se ha iniciado, debe desarrollarse res- petando las garantías judiciales del principio de inocencia, el secreto de sumario y la defensa de los derechos de los implicados. Se deben impulsar mecanismos tendientes a generar mayor dialogo entre el Poder Judicial y la opinión pública. La receptividad no implica relegar la independencia permitiendo la influencia externa, sino mejorar la comunicación y la transparencia. Acercar el sistema judicial a la ciudadanía a través del diálogo, la visibilidad en los medios, de estar alerta de las críticas y mostrarse abierto al escrutinio público contribuyen a fortalecer la institución y legitimar sus decisiones.

Un elemento esencial para eliminar la cultura del secretismo radica en distinguir el interés público que caracteriza la tarea judicial del interés/intereses privados que se estén dirimiendo a través del proceso. Por ello es fundamental que los jueces y las juezas se reconozcan a sí mismos como personas públicas en lo que hace al ejercicio de sus funciones y actúen, decidan y respondan de manera acorde.